En relación al artículo anteriormente publicado, sobre un email que envié a los diputados quejándome del impuesto con el que se pretende gravar a ciertos productos de los que somos consumidores, el Señor Diputado Federico Pinedo respondió, reenviando el discurso que dió en aquel momento:
Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Pinedo.- Señor presidente: aquí no estamos hablando de Tierra del Fuego, sino de mecanismos de promoción del empleo. Algunos dicen que un mecanismo es bueno, mientras que otros apoyan otro distinto. Entonces, vamos a discutir cuáles son estos mecanismos, se apliquen en Tierra del Fuego, en Manaos o en Chumbicha.
¿Qué hacer en un contexto de recesión económica? El oficialismo propone aumentar los impuestos, que es un mecanismo curioso de contrarrestar el problema. El último que lo intentó fue Machinea, cuando se inició la gestión de De la Rúa, con los resultados que todos conocemos.
¿Por qué se produce esta situación tan extraordinaria de aumentar los impuestos en una situación recesiva? A alguien se le ocurrió que la mejor manera de cuidar el empleo de dos mil argentinos, que en promedio ganan 6.500 pesos, es aumentar los impuestos a todos los argentinos por un valor de 3 mil millones de pesos, con lo cual se consigue que 500 millones de ese total vayan a Tierra del Fuego.
¿Cómo se puede pensar –me parece que se interrogaba el señor diputado Sarghini‑ que es un buen mecanismo otorgar un beneficio de 500 millones, generando 2.500 millones de pesos adicionales de perjuicio?
Esto es lo que estamos discutiendo: ¿la mejor manera de conseguir 500 millones es cargar en el pueblo argentino una cifra de tres mil millones, o habrá otra manera de hacerlo? Esta es la discusión, y no estamos hablando de Tierra del Fuego.
A nosotros en particular no nos molesta generar políticas de intervención estatal que promuevan la inversión y el empleo. Esto figuraba ya en la Constitución de 1853, en lo que se llamaba la cláusula del progreso. Sería un poco retardatario estar en contra de algo que estaba en 1853.
En cambio, creemos que hay que fomentar actividades sustentables en el tiempo, lo que significa que se puedan mantener por sí mismas, que puedan crecer y que puedan generar empleo autónomamente en el futuro.
Hay algo que no podemos apoyar, y por eso no emitiremos un voto no positivo, como el radicalismo, sino un voto negativo. No estamos de acuerdo con un mecanismo en el que el negocio sea el subsidio.
Si el negocio fuera algo legítimo y sustentable que requiriese el aporte de dinero, nosotros votaríamos a favor. En cambio, si el negocio fuera el subsidio, como lo mencionaba el diputado Bullrich, cuando se llama “celulares de industria nacional” a lo que tenga un cartón o una etiqueta nacional, entonces nosotros no podemos acompañarlo.
Voy a contar a la Cámara una historia de la que acabo de enterarme. Hace pocos días visité la vieja planta de una famosa empresa de computación que fabricaba impresoras. Era una industria importante de la Argentina que empleaba en una sola planta a 800 argentinos. Cuando vino la competencia internacional en materia de impresoras, esta gente dijo: “Yo así no puedo competir. Me tengo que dedicar a otra cosa.” La misma empresa en la misma planta decidió reorganizarse para prestar servicios basados en informática a todo el mundo. De este modo prestan servicios de contabilidad, de consultorías, y como es una de las empresas de mayor tecnología también presta servicios en tiempo presente y en contra horario; perdieron 800 puestos de trabajo y hoy emplean 8.000 trabajadores argentinos.
Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿no será mejor buscar otro mecanismo de fomento económico como, por ejemplo, la ley que votamos de promoción del software? ¿No podemos incorporar al mismo régimen de promoción del software a los servicios que se hagan a través de la informática y las telecomunicaciones? Ese sí sería un cambio que daría vuelta toda una historia; no se trataría sólo de 1.000, 1.500, 2.000 u 8.000 empleados, como mencionaba la señora diputada Bertone.
Otro tema que nos preocupa es el de la inclusión digital. En el año 1992 en la Argentina había 14 teléfonos cada 100 habitantes. La incorporación de la telefonía celular en el interior del país –muchos decían que era un artículo de lujo, sólo para ricos- permitió proveer en poco más de un año teléfonos a 3 millones de kilómetros cuadrados, en todos los pueblos de más de 500 habitantes, con la competencia de dos compañías. Hoy tiene teléfono celular el 80 por ciento de la población. Evidentemente, esto tiene algún impacto en la actividad económica y laboral argentina, y en la inclusión digital de nuestro país. En pocos años más, en el mundo actual, en el que hace unos años se decía que tener celular era un lujo, estaremos educándonos y trabajando por Internet en forma masiva y global. Esto implica miles de millones de oportunidades de trabajo y de generación de riqueza.
Cuando se aumenta el 30 por ciento del precio de los celulares ‑lo que estamos haciendo con esta norma‑, quienes no pueden acceder a ese nivel de igualdad de oportunidades son precisamente los más pobres, y eso lo padecen en beneficio de poca gente que gana muchísimo más que ellos. Este es otro mecanismo perverso.
Lamentablemente tengo que terminar, aunque querría hacer otras reflexiones. Por ejemplo quiero decir que lo que buscan los autores del proyecto es mejorar el margen de rentabilidad de los productores de ciertos elementos (que dicen es del 8%), en relación al margen de los importadores (que dicen es del 28%). Pero lo que no hacen es mejorar las condiciones de acceso de los argentinos, especialmente de los más pobres, que pagan por estos equipos un 500% más que los norteamericanos con los que deben competir.
Además, debo señalar que por el artículo 2° de este proyecto estamos haciendo una delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo en contra del artículo 76 de la Constitución Nacional, tema que precisamente deberemos discutir la semana próxima para determinar si convalidamos o no dicha delegación de facultades.
Por ello creo que esta Cámara debería reformular el artículo 2° de esta iniciativa que dice, en su parte relevante: “Facúltase al Poder Ejecutivo para introducir modificaciones en razones de necesidades relacionadas con el régimen tributario aplicable a las operaciones de comercio exterior nacional.”
Justamente esto es lo que vamos a discutir la semana que viene en relación con las facultades del Poder Ejecutivo para fijar retenciones u otro tipo de impuestos. Queda en claro que esto no lo puede hacer, salvo en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional.
Por estas razones solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que modifique el artículo 2° del proyecto en discusión. (Aplausos).
Ahora, la sanción de esta ley (o lo que sea) se retrasó porque "el oficialismo no consiguió los votos necesarios ni para firmar un dictamen ni consensuar una postura con los bloques de la oposición (leer fuente)", así que sólo queda esperar a ver qué pasa.
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